TEXTO Nº 9
Tiene una dimensión lúdica evidente, pero el ajedrez es mucho más que un juego o un deporte. Numerosos estudios han demostrado
que es también una poderosa herramienta para el desarrollo de procesos cognitivos esenciales para el aprendizaje. No solo enseña a pensar y tomar decisiones, sino que potencia la inteligencia emocional y ayuda
a transmitir valores.
Esta es la razón por la
que la Unesco decidió en 1995 recomendar a todos los países miembros
que el ajedrez fuera incorporado como materia educativa en la enseñanza primaria y secundaria. El miércoles pasado, la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados decidió, por unanimidad de los ocho partidos
que la componen, proponer que este juego milenario pase a formar parte de la vida escolar de los niños españoles, especialmente entre los seis y los nueve años.
La recomendación no puede ser más acertada y debería ser rápidamente atendida
por las autoridades educativas. No se trata de fomentar torneos de los que surjan campeones mundiales —
aunque si los hay, mejor—, sino de potenciar en todos los niños las habilidades cognitivas
que este juego proporciona. La lista es larga. Desarrolla los mecanismos de la lógica y el pensamiento analítico; aumenta la concentración y la capacidad de abstracción necesaria
para imaginar escenarios variables; entrena la habilidad para planificar y anticiparse a los movimientos, enseña a visualizar mentalmente diferentes itinerarios posibles y calcular las consecuencias de cada movimiento en un escenario cambiante. Fomenta, por tanto, la capacidad de relación y de decisión.
En resumen, entrena procesos mentales necesarios
para abordar cualquier aprendizaje y, en consecuencia, para afrontar la vida. Pero hay dos áreas educativas
que se benefician muy especialmente de las bondades pedagógicas del ajedrez: las matemáticas y el dominio del lenguaje. Precisamente, aquellas
en las que los alumnos españoles presentan mayores carencias.
Los sucesivos informes PISA han mostrado que los escolares españoles obtienen una puntuación bastante inferior a la media de la OCDE —entre 10 y 15 puntos por debajo— tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Es, pues, una muy buena idea
que el ajedrez salga ahora al rescate de estos escolares.
El País 15 FEB 2015 (El Acento)
TEXTO Nº 10
El decreto aprobado en Consejo de Ministros que habilita a las universidades
para que acorten los estudios de grado de cuatro a tres años ha dado lugar al enésimo desencuentro entre el sistema universitario español y el Ministerio de Educación. Los rectores de la *CRUE, organismo
que agrupa a 76 universidades públicas y privadas españolas, han acordado
no aplicar el decreto antes de 2017 y darse un tiempo
para evaluar la propuesta.
Hace solo cuatro cursos que está vigente el sistema
que sustituyó las antiguas licenciaturas por cuatro años de estudios de grado más uno de máster. La fórmula 4+1 adoptada por España ya suscitó en su momento una gran controversia,
pues en su adaptación al espacio de Bolonia la mayor parte de los países europeos había adoptado la fórmula 3+2, es decir, tres años de grado y dos de máster. En esa decisión pesaron más las inercias corporativas que el interés de los estudiantes, y es significativo que la CRUE se inclinara entonces por la fórmula flexible que ahora rechaza.
Es evidente
que la propuesta del ministro José Ignacio Wert permite adaptarse mejor a los esquemas que mayoritariamente rigen en Europa
y, por tanto, facilita la movilidad y la convergencia. También es cierto
que un nuevo cambio, sin que haya mediado una evaluación rigurosa de sus consecuencias, puede desestabilizar un sistema universitario público
que en los últimos años ha sufrido, por diversas razones, un fuerte deterioro.
El alcance del cambio propuesto va más allá del debate sobre la homologación. Esta es siempre deseable, pero la forma y el contexto
en que debe aplicarse el decreto hace que sus efectos no sean inocuos. En un mercado laboral contraído,
donde los jóvenes tienen grandes dificultades
para encontrar trabajo, el grado puede ser —
aunque depende de los casos— insuficiente,
por lo que será preciso completar estudios con un máster. En la mayor parte de la países europeos de modelo 3+2, el precio de los créditos de grado y de máster son equivalentes. En España, el precio medio de un crédito de máster duplica el de un crédito de grado. El ministro explicó
que el hecho de cursar un año menos de grado supondrá un ahorro de 150 millones de euros
para las familias, pero ese no será el caso
para los que quieran completar los estudios con dos años de posgrado.
Si no se modifican los actuales precios, tendrán que pagar más, pero también es cierto que lo que aporta el estudiante representa menos de la cuarta parte del coste de los estudios. Los rectores temen
que el cambio propuesto comporte una rebaja de la cantidad que las Administraciones aportan al sistema universitario público,
cuya financiación pivota fundamentalmente sobre los estudios de grado.
El debate sobre la duración del grado,
que es pertinente, no debe desligarse nunca del debate sobre la calidad. El sistema necesita una revisión, y esta debe hacerse evaluando pros y contras y buscando aquellas alternativas
que garanticen el necesario equilibrio entre calidad y equidad.